El Defensor del Pueblo promueve que se declare servicio público la provisión de gas en garrafa
El objetivo del proyecto presentado a la Legislaturaprovincial es obtener una tarifa oficial y accesible.
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Corrientes, César Vallejos Tressens, presentó un proyecto a la Cámara de Senadores para que la Legislatura provincial analice la posibilidad de instar al Poder Legislativo de la Nación, a la modificación de la Ley 26.020, a efectos de que se declare como “servicio público la producción, comercialización y distribución del gas licuado de petróleo (GLP), propiciando así la fijación de una tarifa oficial y accesible que evite abusos en los precios”.
Asimismo, solicitó la eliminación de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a las garrafas de GLP. La Ley 26020 declara de “interés público” la producción, comercialización y distribución del gas licuado de petróleo (GLP), lo que no permite que se fije una tarifa oficial, y la misma queda supeditada a las arbitrariedades del mercado.
Mediante el proyecto enviado al Senado provincial, el Defensor del Pueblo propone a la Legislatura correntina que requiera al Congreso de la Nación analice la modificación del artículo 5 de la Ley 26020 para que se declare “servicio público” la producción, comercialización y distribución del gas licuado de petróleo (GLP), lo que posibilitará la fijación de una tarifa oficial que evite abusos y distorsiones en los precios finales que impactan negativamente en los usuarios, garantizando la universalidad del servicio para todos aquellos que no tengan acceso al gas natural por redes. En el mismo proyecto solicitó la eliminación de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a las garrafas de GLP.
“La actual Ley 26020 fracasó en su objetivo de asegurar a los sectores de menores recursos del país la compra de las garrafas a un precio accesible para las economías familiares, por ello es ineludible para el Estado Nacional declarar servicio público al gas licuado de petróleo, puesto que implica resguardar los derechos de los habitantes de la República Argentina a la igualdad, a la salud, y a la adecuada calidad de vida” sostuvo el Defensor.
El proyecto, fundado en las razones fácticas antes mencionadas y en normas de rango constitucional, fue remitido a la Cámara Alta provincial, ha tomado estado parlamentario y se encuentra esperando tratamiento oportuno para posteriormente ser elevado como propuesta al Congreso de la Nación.