El Defensor del Pueblo presentó un amparo para frenar la resolución que aumenta el peaje
La presentación judicial busca que se declare la "inconstitucionalidad" e "ilegitimidad" de la resolución que subió el peaje, y pide que se "ordene al Estado Nacional que no extienda los efectos de dicha resolución a las estaciones de peaje de Riachuelo y de Ituzaingó".
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Corrientes César A. Vallejos Tressens presentó este martes, una acción de amparo contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad para frenar la aplicación de la Resolución N° 45/2016, que hace unas semanas incrementó el valor del peaje a las ciudades de Riachuelo e Ituzaingó, en la provincia de Corrientes.
La acción de amparo fue promovida por el Defensor del Pueblo ante la Justicia Federal, con el patrocinio letrado del Dr. Juan David Castello, y el objeto de la presentación judicial es obtener la declaración de "inconstitucionalidad" e "ilegitimidad" de la Resolución N° 45/2016 de la Dirección Nacional de Vialidad y en consecuencia se "ordene al Estado Nacional que no extienda los efectos de dicha resolución a las estaciones de peaje de Riachuelo y de Ituzaingó" que se encuentran en el territorio de la Provincia de Corrientes.
Entre otros fundamentos para cuestionar la resolución mencionada, el Defensor del Pueblo sostiene que es "incoherente que el Poder Ejecutivo Nacional por un lado declare el Estado de emergencia hídrica (por Decreto N° 266/2016 ) y por el otro disponga injustificables incrementos tarifarios que afectan a los productores, trabajadores y empresarios de una de las provincias asoladas por las inundaciones".
En la presentación judicial el Defensor sostiene también que con este "fuerte aumento de la tarifa del peaje, dicho precio pasa a convertirse en un verdadero impuesto al tránsito, de mero carácter recaudatorio, sin una real contraprestación de servicios para el usuario vial, generando así mayores costos de transporte y a la vez más inflación que impactan en forma negativa e ilegítima en la economía de productores, trabajadores y empresarios correntinos".
Por último, afirma el Defensor del Pueblo que la referida resolución "lesiona los derechos constitucionales a trabajar, educarse, ejercer toda industria lícita, comerciar y transitar libremente".