El Defensor del Pueblo de Corrientes rubricó una resolución mediante la cual le solicita a la Dirección Provincial de Energía (DPEC) que informe si existe “norma o disposición que avale el incremento del concepto ‘cargo fijo’.
El Defensor del Pueblo de Corrientes, Dr. Miguel Alegre, rubricó una resolución mediante la cual le solicita a la Dirección Provincial de Energía (DPEC) que informe si existe norma o disposición que avale el incremento del concepto ‘cargo fijo’.
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\r\nEl aumento fue aplicado a las facturas del primer bimestre de este año y que, en tal caso, “revea y suspenda su aplicación, hasta tanto se conozca la metodología aplicada y se considere una resolución racional”.
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\r\nEn la misma resolución, el defensor también requiere que en caso de existir tal norma “se remita una copia certificada a la defensoría”, y que informe además si “el cuadro que lleva el título Tarifas remesas 2, 3 y 4 del primer bimestre 2015, es el que se halla vigente en la actualidad”.
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\r\nAlegre explicó que esta medida surgió a partir de los “reiterados reclamos que viene recibiendo la defensoría por este tema, de parte de usuarios de esta capital y de interior provincial que consideraron desproporcionadas las subas registradas en la última facturación del consumo energético, específicamente en el mencionado concepto de cargo fijo”.
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\r\nEn la resolución se explica que “por definición, el cargo fijo como su nombre lo indica y como se aplica históricamente, es un monto fijo vale decir, no variable” con lo cual su modificación “debería revisarse” y más aún cuando “no se conoce la norma y/o fundamentos que lo sustentan, lo que podría convertirlo en arbitrario”.
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\r\nPor otra parte, el defensor después de mucho analizar el tema, indicó que el cargo fijo “es un concepto que contribuye a solventar los gastos por mantenimiento del sistema y por lo tanto, debe ser fijo y no puede estar ceñido a si el usuario consume más energía porque eso implicaría cambiar la naturaleza del concepto. Las subas por mayor consumo es otro punto que se analiza a través del costo del kilowatt” explicó.
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\r\nFinalmente, el defensor recordó que “la energía es considerado un servicio público esencial, relevado a la categoría de derecho humano, y al modificar sus costos se debe analizar si no se estarían vulnerando leyes vigentes”.
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\r\nNo obstante advierte por último Alegre que “todo lo dicho no se opone en modo alguno a la actualización racional de la tarifa si correspondiere, sino que se trata de exigir que se realice el previo análisis de costos y demás variables ajustados a la ley y normas vigentes en la materia”.

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