El Defensor comentó que en su opinión "el proyecto violaría garantías constitucionales, como el principio de debido proceso y la defensa en juicio", amparados por la constitución nacional y tratados internacionales.
El Defensor del Pueblo de Corrientes, Dr. Miguel Alegre, concurrió en la tarde del pasado miércoles a una reunión con los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la provincia, a donde fue invitado para hacer conocer su opinión respecto del proyecto de ley de reforma al Código Procesal Penal, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y aún analiza la cámara baja provincial.
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\r\nAlegre explicó ante los legisladores que concurrió a esta reunión en su carácter de “titular de la Defensoría del Pueblo, única institución con rango constitucional en la provincia que promueve y defiende los derechos humanos e intereses colectivos de los correntinos”, dijo y como tal, advirtió que el proyecto “no tiene una buena redacción ya que –de aprobarse como está-, podría vulnerar garantías constitucionales elementales que lo caracterizarían de ‘inconstitucional’, lo cual nos obligaría a cuestionarlo judicialmente” advirtió.
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\r\nEl Defensor comentó que en su opinión“el proyecto violaría garantías constitucionales, como el principio de debido proceso y la defensa en juicio, amparados por la constitución nacional y tratados internacionales, lo que traería la inconstitucionalidad de la norma que pretende aprobar el parlamento provincial. Eso es lo que planteé con toda transparencia y objetividad ante los legisladores provinciales, quienes hicieron preguntas y consultas por lo que fue un dialogo muy productivo” indicó.
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\r\nPor ello, sostuvo que en caso de sancionarse este proyecto de nuevo Código Procesal Penal “nos colocaría a la Defensoría en una posición delicada, porque como defensor de derechos constitucionales tendría que analizar la posibilidad de accionar judicialmente para remover de la norma aquellos artículos que sean inconstitucionales”.
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\r\nFinalmente, alertó que como defensor del pueblo “estoy casi obligado a advertir sobre estas probables violaciones, por ello fui contundente al dar mi opinión y además me dio la impresión de que los diputados no están dispuestos a votar un proyecto a libro cerrado, cosa que veo muy positiva”.
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