ambas Defensorías del Pueblo, inmediatamente de haber conocido la mencionada suba a través de la prensa, decidieron de manera conjunta solicitar al órgano de aplicación de la medida -la Comisión Nacional de Regulación del Transporte –Delegación Chaco
El Defensor del Pueblo de la provincia de Corrientes, Dr. Miguel Ignacio Alegre, interpuso este jueves 12 en la Justicia Federal de esta ciudad, una acción de amparo con medida cautelar contra Poder Ejecutivo Nacional y/o el Ministerio de Interior y Transporte de la Nación y/o la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, solicitando se “declare la inconstitucionalidad del Instrumento Legal por la cual ordenó el aumento de la tarifa del transporte interprovincial, Chaco – Corrientes, por no cumplir con la audiencia pública prevista en el art. 42 de la Constitución Nacional”.
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\r\nLa medida se hizo en representación de los usuarios del servicio de transporte interprovincial Chaco-Corrientes, de manera conjunta con el Defensor del Pueblo de la provincia de Chaco, Gustavo Corregido, quien días atrás realizó una presentación en iguales términos ante la justicia federal de esa provincia.
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\r\n“Estamos pidiendo concretamente a la Justicia que declare la nulidad por su inconstitucionalidad, de la resolución o dispósicion que autorizó la suba de la tarifa del transporte que une a ambas provincias, el que se viene haciendo efectivo desde el 24 de julio pasado, según dieron cuenta oportunamente los medios periodísticos.
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\r\nCabe recordar que ambas Defensorías del Pueblo, inmediatamente de haber conocido la mencionada suba a través de la prensa, decidieron de manera conjunta solicitar al órgano de aplicación de la medida -la Comisión Nacional de Regulación del Transporte –Delegación Chaco-, mediante nota N° 057 de fecha 25 de Julio de 2013-, que explique la medida y para ello remita el instrumento legal por el que se autorizó el aumento del boleto.
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\r\nSegún informó Alegre, también se cursaron sendas notas a las autoridades provinciales del área de transporte tanto en Corrientes como en Chaco, y hasta la fecha ningún organismo respondió a la documentación e informes requeridos. Ante ello, la Defensoría se reservó el derecho de ampliar la demanda, y finalmente después de unos días ambos funcionarios se vieron obligados a promover las acciones de amparo con la intención de que se nulifique el aumento impuesto.
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\r\nEn la presentación, el Defensor requiere que previamente a cualquier alteración o modificación de la tarifa “se debe cumplir con la legislación vigente y con la Constitución Nacional, que indica que debe debe realizarse una audiencia pública como instancia previa al incremento de cualquier servicio público”.
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\r\n“La audiencia pública es el paso previo obligatorio que debe darse para dar legalidad y legitimidad a este tipo de decisiones” declaró Alegre y advirtió que “la no realización de este mecanismo constitucional ya es una irregularidad que hace presumir la nulidad del acto que dispuso el aumento del precio de transporte público”.

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