La medida tiene origen en un expediente iniciado de oficio por el Defensor el pasado 8 de noviembre, en el cual solicitaba a las autoridades de la DPEC la “urgente normalización del servicio de energía eléctrica y atención respetuosa al usuario”
El Defensor del Pueblo de Corrientes, Dr. Miguel Alegre, dictó este viernes la Resolución Nº 594/11, a través de la cual requirió al Agente Fiscal en turno de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, Gustavo Roubinau, promueva acción penal contra la Dirección Provincial de Energía (DPEC), a fin de que se investiguen las causas de los últimos cortes de luz que se registraron en la provincia, en el marco de un reclamo laboral llevado adelante por trabajadores de la mencionada dirección, remitiéndole para ello copia de todas las actuaciones y quejas iniciadas por usuarios en la Defensoría, con referencia al tema planteado.\r\n \r\nLa medida tiene origen en un expediente iniciado de oficio por el Defensor el pasado 8 de noviembre, en el cual solicitaba a las autoridades de la DPEC la “urgente normalización del servicio de energía eléctrica y atención respetuosa al usuario”, y remitía para ello testimonio por escrito de las innumerables llamadas y quejas formalizadas en la Defensoría por parte de usuarios que se vieron afectados por cortes prolongados de la energía eléctrica, y que cuando reclamaban a la empresa eran atendidos en forma irrespetuosa.\r\n \r\nAnte la falta de respuesta a la solicitud y la evidencia pública de que los cortes del servicio continuaban, el Ombudsman consideró necesario solicitar la acción penal, a la luz de información publicada en medios periodísticos (diarios, portales, radios), que “permiten fácilmente inferir que, la magnitud en la interrupción o cortes producidos en el suministro eléctrico, estaría vinculada a las medidas de fuerza realizadas por el sector trabajador de la DPEC, (cuya legitimidad no se cuestiona)” según interpreta de las expresiones de dirigentes sindicales del sector, cuyas copias agrega a las actuaciones.\r\n \r\n“Seguramente no será fácil comprobar los mecanismos, maniobras o procedimientos técnicos que produjeron los desperfectos; si estos fueros dolosos o culposos, igual que sus responsables” lamenta el Dr. Alegre en su presentación. No obstante, advierte que “la relación entre ambas circunstancias (corte del servicio y medidas de fuerza) justifica plenamente iniciar una investigación penal a fin de echar luz a estos hechos, donde la población de la Provincia de Corrientes en su conjunto, se vio perjudicada por la falta de un servicio esencial como la energía, dando la sensación que se la habría tomado de rehén para forzar una solución a la demanda de aumento salarial del sector. Actitud, esta que de comprobarse sería inaceptable bajo todo punto de vista y posiblemente ilegal” señala en duros términos el escrito.\r\n \r\nPor todo ello, considera preciso recordar que el suministro del fluido eléctrico a los habitantes de la Provincia “es un SERVICIO PÚBLICO, cuya normalidad en la prestación debe ser atendida y asegurada bajo cualquier circunstancia, por toda la línea jerárquica de la Institución, según lo establezca el Reglamento Interno y el Manual de Misión y Funciones de la DPEC”, y en ese rumbo, agrega su preocupación por “el perjuicio causado a la comunidad en su conjunto, la gravedad social, económica e institucional que representan estos hechos, al recaer sospecha de eventuales maniobras posiblemente realizadas o encaminadas a producir la interrupción del servicio eléctrico lo que, de comprobarse, sus autores, cómplices o encubridores, como también por acción u omisión quienes no cumplieran con las obligaciones propias, incurrirían en conductas atrapadas por el Código Penal que ameritan sobradamente iniciar una investigación penal”.\r\n \r\nPor último, en su resolución Alegre recuerda que la Defensoría del Pueblo por mandato Constitucional es competente en “… la supervisión de la eficiencia en la prestación de los servicios públicos” (artículo 139n al 142 Constitución Provincial) y el articulo 180 inciso 1 del Código Procesal Penal de la provincial obligan a proceder de esta forma.
