La Defensoría del Pueblo y el Instituto de Cultura sellaron una alianza estratégica en defensa de los derechos culturales | Defensoría del Pueblo de la Provincia de Corrientes

En representación de ambas instituciones, firmaron el acuerdo el Defensor del Pueblo de Corrientes, Dr. Miguel Alegre, y el Presidente del Instituto de Cultura arq. Gabriel Romero, en un acto que tuvo lugar alrededor de las 11 horas en la sede de la Defensoría, sita en Córdoba 1264, y contó además con la presencia de los Defensores Adjuntos Juan Ferreyra y Marco Costa.

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Corrientes, rubricó este viernes un Convenio Marco de Cooperación Institucional con el Instituto de Cultura de Corrientes, con el objetivo de establecer vínculos de reciprocidad y mutua cooperación para el diseño de estrategias y campañas de promoción sobre los derechos e intereses culturales de la ciudadanía y la protección de las leyes que contemplan las prácticas culturales en la provincia, en armonía con las normas que protegen el derecho de acceso a la cultura.\r\n\r\nEn representación de ambas instituciones, firmaron el acuerdo el Defensor del Pueblo de Corrientes, Dr. Miguel Alegre, y el Presidente del Instituto de Cultura arq. Gabriel Romero, en un acto que tuvo lugar alrededor de las 11 horas en la sede de la Defensoría, sita en Córdoba 1264, y contó además con la presencia de los Defensores Adjuntos Juan Ferreyra y Marco Costa.\r\n\r\n“Para nuestro Instituto de Cultura se abre una puerta muy interesante con la firma de este convenio, porque implica un apoyo que nos posibilitará trabajar conjuntamente en la defensa de leyes y normas que protegen los derechos culturales como parte de los derechos humanos, definidos en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que tiene rango constitucional en Argentina” resaltó Romero.\r\n\r\nPor su parte, el ombudsman resaltó que “esta alianza estratégica apunta a garantizar el acceso a la cultura y el disfrute de los bienes culturales para todos como un derecho humano, es un compromiso que asumimos con mucha convicción desde esta Defensoría. Los derechos culturales están contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero la sola existencia de la norma no hace a su vigencia efectiva, por ello trabajaremos en el ejercicio de este derecho en la práctica cotidiana, y para ello, la promoción y difusión es clave” aseguró Alegre.\r\n\r\n“Sin dudas este nuevo convenio nos fortalece institucionalmente, porque nos permite un acercamiento con la sociedad desde otro lugar, generando espacios en común para que todos los correntinos puedan manifestarse y acceder las más diversas formas de expresión artística, lo que en definitiva construye identidad e integra como sociedad” agregó el funcionario. Tras la firma, ambos funcionarios esbozaron una agenda de temas sobre los cuales comenzarán a trabajar en lo inmediato.\r\n\r\nEL CONVENIO\r\n\r\nEl convenio compromete a ambas partes a establecer programas de cooperación cuya ejecución estará representada por ambos funcionarios, y que incluirán acciones como:\r\n\r\n · Asistencia recíproca para el tratamiento de temas inherentes a la competencia de las partes, e intercambio de información, documentación técnica, tareas técnicas y/o científicas.\r\n· Diseño de estrategias y organización de campañas de promoción sobre mecanismos provinciales de protección de derechos culturales de la ciudadanía.\r\n· Promoción de la legislación y las prácticas culturales en armonía con los instrumentos internacionales de derechos humanos para lograr su efectiva aplicación.\r\nPara llevar a cabo estas acciones, se establecerán grupos de trabajo y programarán reuniones, se definirán programas de visitas, pasantías y actividades de capacitación para el personal de ambas instituciones. Además, se estableció para cuando sea necesario, la cesión de manera gratuita de espacio físico y apoyo en cada una de las sedes firmantes, para facilitar la resolución de cuestiones propias de la competencia de cada uno.\r\n\r\nEl convenio –que entra en vigor desde su firma-,tendrá una duración de dos años y podrá renovarse automáticamente por igual período con acuerdo de ambas partes. En caso de cancelación por algún motivo a pedido de alguna de las partes, las acciones o programas que se estén desarrollando deberán tener continuidad hasta su finalización.